• Aunque las audiencias son orales, los recursos posibles que se derivan o continúan de los juicios orales se realizan exclusivamente de forma escrita.
• En las audiencias orales no hay constancia escrita alguna de las peticiones que se hacen de forma verbal.
• En la práctica se ignoran las peticiones verbales en las audiencias, lo que afecta a los interesados.
• Es tal la sobrecarga de trabajo de todos los involucrados, que proporcionar el texto exacto del que se trata, ayuda a resolver de mejor manera la causa que se defiende.

Es de todos conocido que desde 2016, el sistema de impartición de justicia penal en México cambió para adoptar en todo el país, un modelo acusatorio adversarial que privilegia la oralidad de los procesos. Ésto, entre otros objetivos, como una forma para ayudar la expedita impartición de justicia.

El nuevo ordenamiento establece que los juicios se lleven de manera oral en cada una de sus etapas. Sin embargo en la práctica ha sido difícil la adopción de la oralidad por parte de los operadores del sistema, desde Abogados, Jueces, Ministerios Públicos, Policía, etc.

Y es fácil entender el por qué de tal dificultad.

500 años de costumbre e inercia.

En México estuvo vigente por cerca de 500 años un sistema penal inquisitorio que privilegiaba los documentos en papel y la palabra escrita como el eje principal de cada uno de los procesos. Los actos adquirían relevancia jurídica hasta que estaban impresos en papel y eran certificados o sancionados por alguna autoridad.

Es difícil pensar que en un período tan corto (en 2008 se aprobó la reforma) pueda realizarse un cambio tan profundo de idiosincracia. Más aún, cuando muchos otros de los macro componentes del aparato de Justicia, aún se rigen por las prácticas y costumbres del viejo sistema inquisitivo.

Tan es así, que el Legislativo ha propuesto aprobar algunas reformas al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), específicamente la del artículo 216, que prevee que «…tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar por escrito al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos …».

Esto tiene como finalidad principal el intentar solucionar una de las problemáticas que han resultado como consecuencia del nuevo sistema oral, autorizando hacer por escrito esas solicitudes, ya que en la práctica se ignoran las peticiones verbales, lo que afecta a los interesados.

En la actualidad los asuntos del ámbito penal y algunas otras materias, se llevan en procesos eminentemente orales, lo cual implica que no hay constancia escrita alguna de las peticiones que se hacen de forma verbal.

Lo anterior provoca que se coarten los derechos de las partes involucradas en la investigación de los hechos, ya que no se cuenta con una forma de acreditar una solicitud hecha verbalmente, además de que no son notificados los interesados en el acuerdo de su petición.

Por otro lado, aunque en teoría pareciera que la oralidad agilizaría la impartición de justicia, en la realidad el aparato de impartición de justicia se encuentra rebasado. El mismo Fiscal General, Gertz Manero, ha informado recientemente que la Fiscalía General (antes Procuraduría) tiene 200,000 casos rezagados.

Con tales cargas de trabajo en todo el sistema, es muy difícil creer que un Juez, Ministerio Público o Abogado tendrá disponibles las 20, 40 o más de 50 horas para ver el total de los videos que resultan de las diferentes etapas del juicio oral de un solo caso; para poder estudiar la información y realizar un trabajo profundo de análisis.

Simplemente no es humanamente posible. Es difícil pensar que los Jueces, Ministerios Públicos, Abogados, Peritos, etc., lo harán para atender todos y cada uno de los asuntos.

Es por ello que contar con el registro escrito de todo lo hablado y actuado en las audiencias orales en una transcripción exacta y cronometrada se vuelve un tema tan importante para todas los actores involucrados. Se hace fundamental el poder identificar la información clave y poder utilizarla de forma literal durante el transcurso de otras audiencias orales, o utilizarla por escrito para la promoción de otros recursos y/o procesos.

En otros países con una larga tradición de juicios orales, como Alemania o EEUU, aquellos aparatos legales incluyen algún sistema informático específico para administrar la información de los procesos. Lo que permite que las partes interesadas, y el público en general también, tengan un fácil acceso a toda la información de los casos. Tal es el caso del sistema PACER (Public Access to Court Electronic Records), en EEUU.

Sin embargo, en México el Legislador omitió incluir tal previsión en la Ley. Lo único que se consideró fue la entrega (y sólo por medio de petición expresa), del audio y video de las audiencias (Artículo 50, CNPP), y en algunos casos el «acta mínima«, que apenas incluye la fecha, el número de carpeta, nombres de imputados, defensores y resolución del juez. Pero no incluye ninguno de los argumentos legales establecidos por las partes durante el curso de las audiencias, ni los criterios o razonamientos del juez para dictar su resolución.

El carecer de todo lo que se dice en una audiencia en una transcripción precisa, crea un estado de indefensión de facto de víctimas e inculpados, al no tener la información suficiente para articular la mejor defensa posible de sus intereses. Más aún necesaria tal transcripción, considerando que los recursos posibles que se derivan o continúan de los juicios orales se realizan exclusivamente de forma escrita, como en el caso de Revisiones, Quejas y/o Juicios de Garantías.

Es por todo lo anterior, que contar con la transcripción de las audiencias se vuelve fundamental para poder lograr una defensa efectiva de los intereses de las partes en cualquier juicio de oralidad. Y se hace evidente que el no contar con la transcripción, representa una gran desventaja para lograrlo, dadas las condiciones prevalentes en el nuevo sistema de impartición de Justicia.

Solicite la transcripción de las audiencias cronometradas de sus asuntos.